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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a petición del Ministerio de Fomento, ha publicado un informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que se modifican ciertas normas para adaptarlas a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y a los cambios introducidos en la reglamentación de la Unión Europea. Según el organismo público, esta norma “repercute negativamente en los consumidores y usuarios“.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha señalado en numerosas ocasiones que sería conveniente replantear la normativa que regula los servicios de transporte (mercancías, pasajeros, ambulancias y servicios alternativos al taxi), porque “están sometidos a una regulación muy intensa que restringe la competencia en el sector. Esto, en última instancia, repercute negativamente en los consumidores y usuarios.

En abril de 2016, la CNMC impugnó dos normas del Ministerio de Fomento ante la Audiencia Nacional (el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre y la Orden FOM 2799/2015, de 18 de diciembre), cuyas resoluciones están pendientes.

En el informe publicado sobre el ROTT (el reglamento que regula la LOTT), la Comisión de Competencia analiza el impacto de la normativa del Ministerio de Fomento sobre la competencia y su ajuste a los principios de regulación económica eficiente. En este sentido, ha detectado que la regulación planteada”restringe la competencia de forma injustificada“, por lo que hace las siguientes recomendaciones:

  • Algunas exigencias constituyen barreras de acceso para todos los operadores de transporte terrestre que quieran participar en el mercado. En concreto, se les exige tener forma jurídica concreta, ausencia de ánimo de lucro o domiciliar las licencias en territorios concretos. En el caso de camiones y autobueses, se imponen, además, trabas a la administración de autorizaciones para operar.
  • En el caso de transporte con camiones, autobuses, ambulancias y las VTC (servicios alternativos al taxi) existen “cargas innecesarias y desproporcionadas que no se justifican“, como que las licencias de transporte tengan que estar vinculadas a vehículos concretos, que todos los vehículos deban estar matriculados en España, que cada operador deba disponer de una flota mínima de vehículos o que el operador sólo pueda trabajar con personal de su plantilla. En el caso particular de los camiones, se imponen requisitos como que la flota de vehículos tenga muy poca antigüedad.
  • Se prohibe que se constituyan nuevos servicios de transporte de viajeros por iniciativa privada y se establece la explotación de esos servicios en régimen de monopolio.
  • En el caso de autobuses, se dificulta que los operadores reduzcan sus tarifas.
  • Se otorga un papel importante a las asociaciones de transportistas (mercancías y pasajeros) como colaboradores de la Administración. Según la CNMC, dicho papel “no sólo es peligroso para la competencia, ya que puede facilitar la colusión y reducir los incentivos para competir, sino que es discriminatorio respecto a los usuarios, a quienes no se se reconoce de la misma manera”.

Nueve países europeos han firmado un acuerdo para luchar contra el llamado dumping social, las empresas buzón y los precios por debajo de costes que acorralan al transporte.

Competencia desleal, dumping social… son denominaciones que se escuchan con mucha frecuencia en los foros de transporte y entre asistentes a ponencias sobre la actualidad del sector. En líneas generales, ambos términos vienen a definir el mismo concepto: trabajar por debajo de costes, bajando los precios y expulsando del mercado a los que operan en condiciones legales. Esta situación, que ni es nueva ni exclusiva de nuestro país, ha movido a varios países centroeuropeos a firmar una alianza con la que se quiere luchar contra estas prácticas y contra las empresas que hacen uso de ellas. Muchas están radicadas en países del Este (Bulgaria y Rumanía, sobre todo, pero también Lituania y hasta Portugal, en el caso ibérico) y operan casi en su totalidad fuera de su país, sin respetar la normativa social, la que afecta a los conductores.
Los países firmantes de la llamada “Alianza de la Carretera” son Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Italia, Luxemburgo, Noruega (único Estado no perteneciente a la Unión Europea) y Suecia. Entre sus objetivos están promover medidas que garanticen el derecho de conductor a un equilibrio entre su vida profesional y privada, intensificar los controles en carretera para sancionar a los que no cumplen la ley e investigar y detectar a las “empresas-buzón” y los fraudes al tacógrafo. En definitiva, defender una posición común para garantizar una evolución controlada del mercado.

Posición española
La firma se hizo efectiva el 31 de enero de 2017 en París. España, cuyo gobierno acababa de formarse, no participó en el acto. Sin embargo, el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados presentó una proposición no de ley pidiendo nuestra inclusión en él, y fue aprobada por mayoría.

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Fuente: http://www.transporteprofesional.es

La primera carretera eléctrica del mundo ha sido inaugurada en el centro de Suecia, cerca de la ciudad de Gävle. Este nuevo sistema es el resultado de una serie de proyectos que demuestran que el camino hacia el transporte libre de combustibles fósiles es posible.

Camiones de la marca automovilística Scania han probado esta superficie eléctrica de dos kilómetros utilizando la tecnología desarrollada por Siemens.

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